1. El pasado 14 de abril de 2013 el candidato chavista Nicolás Maduro
Moros ganó las elecciones presidenciales al imponerse al candidato opositor
Henrique Capriles Radonski, por el 1,5% de los votos.
2. El 8 de diciembre de 2013 pasado se celebraron elecciones
municipales. La oposición planteó las mismas como un plebiscito sobre la
gestión del Presidente Nicolás Maduro. Con una participación histórica, las
fuerzas chavistas se impusieron en estas elecciones, ganando en un 70% de
los municipios y ampliando su ventaja electoral 11,5%.
3. Inmediatamente a las elecciones el gobierno del presidente Nicolás
Maduro convocó a los alcaldes y gobernadores opositores a una reunión, para
trabajar en conjunto en los asuntos fundamentales para el Estado. A esta
primera reunión se sumó la coordinación con todos los alcaldes y
gobernadores opositores para impulsar el Plan de Pacificación Nacional, así
como otras reuniones de coordinación a nivel del Consejo Federal de
Gobierno.
4. Decepcionados por estos resultados electorales y la posibilidad de
que la oposición se incorporara a algún tipo de trabajo con el gobierno, el
23 de enero de 2014, los dirigentes opositores Leopoldo López (Movimiento
Voluntad Popular) y María Corina Machado (Movimiento Vente Venezuela),
llamaron públicamente a sus partidarios a participar en una operación que
denominaron "La Salida", consistente en tomar las calles hasta lograr que
sea depuesto el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
5. Las acciones de violencia no tardaron en sucederse. Comenzaron el 6
de febrero con el ataque de un grupo opositor a la residencia oficial del
gobernador del estado Táchira -donde se ubica un centro de rehabilitación de
niños con discapacidades.
6. El 12 de febrero López y Machado arengan a sus partidarios para que
realicen actos violentos. Este día resultan asesinadas tres personas y 66
heridos. Los partidarios de López y Machado causaron destrozos a la sede
principal del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia,
estaciones del Metro y en diferentes instalaciones y servicios públicos. Las
acciones violentas continuaron de forma focalizada en algunos puntos del
estado Carabobo (Valencia), estado Miranda (fundamentalmente en el Municipio
Chacao), así como los estados fronterizos con Colombia: Zulia (Maracaibo) y
Táchira (especialmente en San Cristóbal), además de algunas zonas de clase
media-alta del Distrito Capital (específicamente en Caracas).
7. En sus acciones, estos grupos opositores violentos han utilizado
continua y reiteradamente armas de fuego, bombas incendiarias y objetos
contundentes; han levantado barricadas y empleado tácticas terroristas, como
la colocación de cables de acero o nylon atravesados en las vías públicas
(ocasionando lesionados y, al menos, el degollamiento de un motorista), como
parte de sus estrategias para generar zozobra, caos y pérdida de vidas.
8. Hasta el 8 de marzo estas acciones de violencia han dejado el
lamentable saldo de 21 personas fallecidas, entre los que se cuentan
civiles, partidarios y detractores del gobierno, así como funcionarios
policiales. Además, otras 50 personas han perdido la vida como consecuencia
del continuado cierre de calles con barricadas. Además, al menos 318
personas han resultado heridas en diversos altercados, incluyendo a 81
miembros de los cuerpos policiales. Igualmente, han sido cuantiosos los
daños materiales sufridos en los asaltos a infraestructuras públicas,
incluyendo escuelas y hospitales.
9. Sin embargo, en Venezuela no existe un estado de violencia
generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero, los episodios de violencia
se concentraron en sectores concretos de 18 municipios del país, es decir,
en apenas el 5% de los municipios. En las últimas jornadas estas acciones se
focalizaron en tan solo 6 municipios (1,7%).
10. Las acciones violentas se han venido reduciendo, tanto por la acción
ordenada y ajustada a la Ley de los organismos de orden público del
gobierno, como por el propio reclamo de la ciudadanía afectada por el
bloqueo de calles y accesos a urbanizaciones, así como por la acumulación y
quema de basuras. Llama la atención que ni los alcaldes opositores, ni los
cuerpos policiales bajo su control, han colaborado en el mantenimiento del
orden y que, por el contrario, protegen a los grupos violentos que están
operando en su jurisdicción. Tal como quedó en evidencia con el asesinato
por parte de policías de Chacao de una joven detective del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando este cuerpo detuvo para
averiguaciones a un indiciado en múltiples acciones de violencia detenido in
fraganti.
11. De hecho, según el estudio realizado por la encuestadora
International Consulting Services (ICS), un 85,4% de la opinión pública
venezolana se posiciona en desacuerdo con estas protestas, mientras más de
un 90% respalda la participación de todos los sectores sociales (incluyendo
opositores y empresarios) en las iniciativas de diálogo nacional impulsadas
por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la constitución.
12. Destacados líderes de la oposición han venido manifestado
públicamente su desacuerdo con esta estrategia de violencia, exigiendo que
se detenga y que las instancias que agrupan a la oposición se deslinden con
claridad de estos hechos y favorezcan el diálogo con el gobierno.
13. Las instituciones del Estado han ejercido una labor escrupulosa y
eficaz, a través de los mecanismos que establece la Ley, para controlar la
violencia y preservar el orden. Tras los numerosos hechos de violencia
acaecidos entre el 12 de febrero y el 6 de marzo, han resultado detenidas
1.322 personas, que han sido presentadas de inmediato ante los tribunales.
De estas, a 1.103 se le han aplicado medidas cautelares sustitutivas de
libertad y a 35 se les ha dado libertad plena. Las restantes 92 permanecen
privadas de libertad por incurrir en flagrancia en delitos de alteración del
orden público, lesiones graves, trato cruel y homicidio, entre otros. La
Fiscalía ha señalado que sólo 39% de las personas privadas de libertad son
estudiantes.
14. Medidas judiciales están siendo aplicadas con igual rigor a
ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
La Fiscal ha sido enfática respecto a que se están investigando todas las
denuncias contra efectivos de seguridad respecto a torturas u otro tipo de
violaciones a derechos humanos. De hecho, según informó la Fiscal General de
la República el 7 de marzo, 15 miembros de los cuerpos de seguridad del
Estado se encuentran privados de libertad por encontrarse incriminados en
situaciones de abusos y/o violaciones a los derechos humanos. Organizaciones
de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, una de las más activas
recopilando denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el
esclarecimiento de cualquier posible situación de abuso.
15. Varios ciudadanos de nacionalidad española o doble nacionalidad
española/venezolana se han visto implicados en hechos de violencia. En todos
los casos el gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la
Embajada española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y
garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respecto a la
legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos países. Sobre
el caso del ciudadano español Wilmer Carballo de 43 años, la fiscalía
informó que murió el 24 de febrero en el sector Fundación de Cagua,
municipio Sucre del estado Aragua, tras recibir un disparo. El Ministerio
Público comisionó a los fiscales 32º de Aragua y 3º de Táchira, Rolando
García y Nelson Montero, respectivamente, a fin de dirigir la investigación
para esclarecer su fallecimiento.
16. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha expresado
públicamente y en reiteradas oportunidades su más enérgico rechazo al empleo
de la violencia, así como a cualquier recurso ilegal o inconstitucional por
parte de cualquier sector político. Así mismo, ha exigido la actuación
ejemplar y sin distingo de las instituciones de justicia. Igualmente, ha
expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que cualquier delito
cometido por funcionarios policiales en el transcurso de sus actuaciones sea
castigado de inmediato.
17. El pasado 26 de febrero se celebró, a convocatoria del Presidente
Maduro, la Conferencia Nacional por la Paz y Convivencia, en la que
participaron representantes de distintos sectores políticos (incluyendo
diputados y alcaldes de oposición), empresariales (Fedecámaras,
Fedeindustria, empresas Polar, entre otros), mediáticos, estudiantiles,
sindicales y religiosos. Esta Conferencia está en pleno desarrollo. Se han
creado comisiones específicas, comenzado a operar las de política y
economía, además del encuentro de partidos políticos. Éstos son espacios
para formular acuerdos de trabajo ágiles en las materias concretas que
afectan la vida de la ciudadanía.
18. El patrón de los actuales acontecimientos de violencia guarda
significativos paralelismos con los sucesos de abril de 2002, cuando
sectores de la oposición asesinaron a personas de ambas tendencias
políticas, buscando generar confrontaciones violentas que justificasen un
golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
19. Resulta preocupante que la mayoría de los medios de comunicación
privados venezolanos (más del 60% de los medios en Venezuela son privados y
tienen 90% de la audiencia nacional) y los medios internacionales más
influyentes insistan en silenciar, minimizar y/o descalificar las
manifestaciones masivas a favor de la paz y en apoyo al gobierno nacional,
así como las declaraciones de personalidades, incluyendo dirigentes
opositores, que llaman a la sensatez, a la no violencia y al diálogo.
20. La cobertura informativa presenta las acciones de violencia como
manifestaciones pacíficas, las actuaciones apegadas a la Ley de los órganos
del orden público como acciones represivas del gobierno; al tiempo que se
maximizan las problemáticas existentes en el país, sin mencionar las
políticas desarrolladas por el Estado para atenderlas y otros datos de
contexto que permiten entender el respaldo popular a la gestión del gobierno
(desempleo de sólo 7%, más de 500 mil viviendas sociales entregadas en los 2
últimos años, aumentos anuales del salario mínimo por encima de la
inflación, fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud,
alimentación o el incremento del número de estudiantes universitarios de 400
mil a 2 millones 600 mil y de pensionados de 300 mil a 2 millones 500 mil,
etc.).
21. Se ha llegado al extremo no sólo de tergiversar declaraciones de
autoridades, hacer montajes de videos y/o fotografías, sino de utilizar
tanto vídeos como fotografías de lamentables sucesos acecidos en otros
países para criminalizar a un Gobierno constitucional, cuyos esfuerzos en
materia de derechos humanos gozan del reconocimiento de organismos e
instituciones internacionales.
22. Contrario a las reseñas de algunos medios de comunicación, no se ha
cercenado en ningún momento la libertad de expresión en Venezuela, donde
ésta es protegida por la Constitución y las leyes. Basta ver las primeras
páginas de los más de 300 diarios venezolanos, así mismo escuchar las más de
600 emisoras de radio privadas, ver los más de 60 canales de televisión
privados o los más de 100 canales que se ven por suscripción (televisión de
pago), para darse cuenta de la plena vigencia de la libertad de prensa en
Venezuela.
23. La emisión del canal colombiano NTN24, en la parrilla junto a más de
100 canales por suscripción que se pueden ver en Venezuela, fue suspendida
por hacer apología a la violencia (lo cual está prohibido en la legislación
venezolana, así como en el Artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos). En Venezuela la censura está prohibida por el artículo 58
de la Constitución, aunque existe la responsabilidad ulterior, tal y como
sucede en la práctica totalidad de democracias avanzadas.
24. Existen notorios elementos de prueba para afirmar que estos actos
violentos son incentivados, organizados y financiados con apoyo del
exterior, especialmente desde círculos de poder en Estados Unidos.
25. El gobierno venezolano agradece los pronunciamientos de los
organismos regionales como la Celac, la Unasur y Mercosur o el Movimiento de
Países No Alineados, entre otros, que han reiterado también su respaldo al
gobierno constitucional y la exigencia de respeto de la soberanía, así como
a los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la
integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Igualmente se
agradecen los pronunciamientos de países hermanos latinoamericanos, que como
la presidenta chilena Michelle Bachelet, han expresado su rechazo a
"acciones violentas que buscan desestabilizar a un gobierno democráticamente
elegido", agregando: "cuando entremos al gobierno lo que vamos a hacer es
ofrecer apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela para realmente buscar los
cauces democráticos, de paz social, para que los propios venezolanos puedan
buscar ese camino".
26. La Organización de Estados Americanos (OEA), en su declaración del 7
de marzo, reflejó que la práctica totalidad de sus miembros (29 de un total
de 32 países) entiende que en Venezuela se está confrontando un intento de
derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional. Esta declaración
refleja un cambio en América Latina que es importante que se interprete
correctamente en España, por cuanto es el reflejo de una región
independiente, resueltamente democrática, que no acepta violaciones a su
soberanía y que respeta y confía plenamente en la institucionalidad
democrática venezolana.
27. Como lo denunció el canciller, Elías Jaua, ante la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, Venezuela lleva más de un mes sometida a un
asedio a través de grupos entrenados para la violencia, que intentan
camuflarse tras el legítimo derecho a la protesta, así como mediante una
campaña de desinformación que pretende justificar este intento de ruptura
del orden constitucional y de la convivencia democrática de los venezolanos.
28. El gobierno venezolano seguirá actuando, de acuerdo a la
Constitución y las leyes, para cumplir con sus responsabilidades en la
preservación de la paz, el bienestar de la ciudadanía y la salvaguarda de
los derechos humanos.
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